La investigación del Catastro ya ha destapado en el Archipiélago más de 100.000 inmuebles ocultos al fisco

Moisés Álvarez 12.02.2017 | 01:25

 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige Cristóbal Montoro, sigue adelante con el ambicioso plan de regularización de bienes inmuebles que lleva ejecutando desde 2013. Un plan con el que la Dirección General del Catastro está haciendo aflorar propiedades ocultas al fisco, o declaradas irregularmente, y en cuya ejecución incluso se están empleando drones que permiten descubrir esos bienes que escapan de los ojos de Hacienda. En el caso de Canarias, las investigaciones de los técnicos del Catastro han destapado unas 3.000 piscinas sin regularizar, es decir, que no constaban a efectos fiscales y por las que sus dueños, por tanto, no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Esas alrededor de 3.000 piscinas que eludían el pago del IBI son solo una pequeña parte de los más de 100.000 inmuebles en situación irregular que Hacienda ha sacado a la luz en el Archipiélago en estos últimos años. Se trata de construcciones, ampliaciones o rehabilitaciones que no fueron declaradas en su momento. Es el caso, por ejemplo, de una vivienda que se amplía en una planta o en una habitación sin informar al fisco, de modo que el recibo del IBI no se actualiza. Hay que recordar que el IBI es un impuesto cuya recaudación supone la principal fuente de ingresos tributaria de los ayuntamientos, con lo que las propiedades no declaradas merman las arcas municipales.

Según los datos facilitados por el Ministerio, al término del primer semestre del año pasado ya eran 2.784 las piscinas sin regularizar detectadas en la Comunidad Autónoma, de las cuales 1.280 se ubican en las islas de la provincia de Las Palmas y las 1.504 restantes, en las de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife. Hasta ese momento, el total de construcciones que esquivaban el IBI en la región era de 92.813. Un total de inmuebles que se distribuye entre los primeros 56 municipios canarios en los que Hacienda dio por finalizado el plan de regularización, de modo que las cifras se han incrementado desde entonces hasta esas alrededor de 3.000 piscinas y más de 100.000 inmuebles, según las fuentes consultadas. No en vano, los técnicos de la Dirección General del Catastro continúan con las inspecciones en todos los territorios del país.

En estos momentos, y hasta el 30 de noviembre, cuando culminará la segunda gran fase del llamado catastrazo, los trabajadores del Ministerio intentan hacer aflorar nuevas edificaciones irregulares en los restantes municipios canarios. De hecho, Hacienda dio a conocer el pasado 30 de diciembre la incorporación de cinco nuevas localidades canarias al plan de regularización: Haría, en Lanzarote; Puntallana y Villa de Mazo, en La Palma; y La Guancha y La Matanza de Acentejo, en Tenerife.

Lo cierto es que el Gobierno central no ha escatimado en gastos para conseguir que el plan de regularización catastral sea un éxito, hasta el punto de que incluso está empleando tecnologías punteras como las de los drones, los satélites o herramientas como, por ejemplo, Google Maps. Hay que puntualizar que los drones, esas pequeñas miniaeronaves que están suponiendo toda una revolución -y también algún que otro quebradero de cabeza a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que se encarga de su regulación y control-, se emplean en ocasiones singulares y, eso sí, en determinadas poblaciones. De hecho existe cierto margen de error en las inspecciones que se llevan a cabo con estos aparatos, ya que pueden confundir con una construcción irregular elementos tan comunes en muchos patios de viviendas o jardines como las piscinas hinchables, las pérgolas o las barbacoas.

 

Cuando Hacienda detecta algún tipo de elemento presumiblemente no declarado o del que no tiene constancia, es la agencia territorial del Catastro la que envía una misiva al contribuyente para ponerlo en su conocimiento. A partir de ese momento, el ciudadano dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. De no prosperar, el propietario ha de pagar una tasa de 60 euros, un dinero con el que se están financiando las investigaciones. Posteriormente tendrá que legalizar la construcción y ponerse al día con los impagos acumulados

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